Historias de Divorcios

En caso de separación o divorcio, el pago de las cuotas de la hipoteca deberá ser satisfecho por los cónyuges propietarios de la vivienda a partes iguales, siempre que no se haya procedido a la liquidación de la sociedad de gananciales.

Un bien ganancial

Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo,  que establece jurisprudencia, la hipoteca no constituye “carga del matrimonio” sino que es “una deuda” de la sociedad de gananciales contraída por ambos cónyuges en su beneficio, ya que el bien adquirido y financiado con la hipoteca tendrá la naturaleza de bien ganancial y corresponderá a ambos cónyuges por mitad. Por tanto, no se tendrá en cuenta la capacidad económica, sino la obligación en sí.

No se contemplarán los ingresos de cada parte

El Tribunal Supremo rectifica así una sentencia en Valencia, en la que se fijaba que el marido pagaría el 80 por ciento de la hipoteca y la esposa el 20 por ciento, teniendo en cuenta los ingresos de ambos. El hombre, al sentirse perjudicado, recurrió al Tribunal Supremo diciendo que una cosa era la protección de los hijos y otra, muy distinta, los compromisos financieros asumidos por ambos. Finalmente el Tribunal Supremo le ha dado la razón, prohibiendo, al mismo tiempo, que se fijen esta clase de sentencias para los casos futuros.

Liquidar gananciales

Para evitar sorpresas y agravios lo más apropiado es proceder no solo a la disolución de gananciales sino a su liquidación en el momento de la separación o divorcio, ya que en la sociedad de gananciales lo que existe realmente es una deuda frente al acreedor hipotecario y eso debe resolverse con los criterios del régimen matrimonial correspondiente.

El banco, obligado a aceptar la fórmula de liquidación

Solo la liquidación de mutuo acuerdo elevada a pública o por resolución judicial permitirá variar los porcentajes de deuda hipotecaria y, por tanto, del porcentaje de la propiedad resultante de la vivienda. Esta nueva situación deberá ser aceptada obligatoriamente  por la entidad acreedora.

Los gastos ordinarios van aparte

Hay que tener en cuenta también que la deuda hipotecaria es independiente de los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación, que en cualquier caso serán a cargo del cónyuge beneficiario del uso, y con independencia también de las medidas económicas resultantes del convenio regulador del divorcio.

Son muchos los abuelos que tras la ruptura de la pareja se lamentan de no poder ver crecer a sus nietos. Muchos de ellos no saben que desde 2003 nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de los abuelos a mantener contacto periódico con sus nietos tras el divorcio de sus padres y el derecho de los nietos a mantener los vínculos afectivos con sus abuelos.

Convenio regulador

En principio son los propios cónyuges quienes establecen en el convenio regulador el régimen de visitas de los abuelos a sus nietos, que se suele fijar en un tercio del tiempo que se otorga al progenitor que no tiene la custodia de los hijos.

Por decisión judicial

Cuando no hay acuerdo entre los cónyuges, las decisiones judiciales en la materia establecen una duración aproximada de un fin de semana al mes, de dos a tres días en Semana Santa y Navidades y de diez días en verano.

Los abuelos heredan el régimen de visitas

En caso que haya fallecido uno de los progenitores, el régimen de visitas de los abuelos se equipara al de los padres, es decir, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones escolares.

También hay restricciones

En cualquier caso, el bienestar los niños prevalece sobre la teoría legal, por lo que puede haber restricciones o incluso suspensión del régimen de visitas si los abuelos no están mentalmente capacitados, si tienen limitaciones físicas o si alguno ha sido condenado por amenazas al padre o a la madre. También se tiene en cuenta el grado de proximidad y afectividad entre abuelos y nietos.

Antes de la ley Divorcio de 2005 era necesario solicitar la separación con carácter previo al divorcio. Ahora, si han transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, basta con que uno de los cónyuges no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio directamente.

Periodo de reflexión

En este marco legal la separación judicial queda casi exclusivamente como una opción a la que se recurre cuando la pareja quiere estar segura de su ruptura matrimonial, y acuerda judicial o notarialmente un plazo definido o indefinido de separación de hecho en el que ambas partes puedan llevar vidas independientes.

Cese temporal de convivencia conyugal

La infanta Elena y Jaime de Marichalar optaron por una separación previa al divorcio. Con ellos llegó el célebre eufemismo de “cese temporal de convivencia conyugal”.

Deberes en suspenso

Con la separación judicial quedan en suspenso algunos deberes y presunciones legales como:

• El de vivir juntos y guardarse fidelidad
• La presunción de delito de abandono de familia para el cónyuge que de mutuo acuerdo deje la vivienda conyugal
• La presunción de paternidad respecto a los hijos concebidos por la esposa en el periodo en que la separación sea ya efectiva.
• La posibilidad de vincular bienes y deudas del otro cónyuge durante el periodo de separación

Pensiones y convenio regulador

En el caso de que existan hijos en el matrimonio tiene que haber un convenio regulador sobre pensión alimenticia y régimen de visitas. También quedará estipulada la pensión compensatoria para el cónyuge que tuviera derecho a ella.

Posibilidad de reconciliación

Con la separación no se rompe el vínculo matrimonial, por lo que admite la reconciliación entre los cónyuges sin necesidad de un nuevo matrimonio. Tan solo hay que notificar por la misma vía de la separación el acuerdo de continuación del matrimonio en los mismos términos.

El matrimonio por la iglesia católica se sustenta en tres bases fundamentales: capacidad de las partes, libre consentimiento y celebración canónica del enlace. Cuando se puede  probar que alguna de estas bases no se cumplen o tienen defecto de forma, es posible solicitar la nulidad matrimonial, que significa que ese matrimonio nunca existió.

La capacidad de las partes es la ausencia de impedimentos matrimoniales, por ejemplo, edad suficiente, estar ya casado con otra persona o tener una relación de parentesco próxima.

El libre consentimiento presupone la capacidad consensual de los cónyuges, es decir, su madurez mental, su aptitud para asumir las cargas del matrimonio y el necesario uso de razón. Además, este consentimiento no ha de estar viciado por violencia o miedo grave, error (sobre todo cuando es causado mediante engaño), ni ser simulado o condicionado.

La forma de celebración del matrimonio ha de ser canónica cuando uno de los contrayentes es católico y no se ha apartado de la Iglesia por acto formal (por ejemplo, convirtiéndose a otra religión). La forma canónica implica, además, la celebración del matrimonio ante una persona designada por el derecho canónico, normalmente el párroco del lugar, y ante al menos dos testigos.